"Nos han engañado. Exigimos una revisión de la política de Endesa. Exigimos que se depuren responsabilidades", apunta Marià Vila, portavoz de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC). Y razón no le falta.

Según la Comisión de Seguridad Nuclear, los responsables de la central redujeron en 100 veces la gravedad de la fuga y ocultaron el incidente durante más de dos semanas –lo descubrieron el 14 de marzo y no lo hicieron público hasta el 3 de abril-.

Tras la fuga, la central recibió la visita de cinco colegios de la comarca. La empresa que gestiona la planta, ANAV (propiedad de Endesa e Iberdrola), se negó a cancelar las excursiones de los escolares. "Las visitas han seguido su ritmo porque ya sabíamos que el incidente tenía cero incidencia radiológica", señaló un portavoz de la compañía.

Ahora, unas 800 personas, incluidos los escolares, habrán de someterse a pruebas médicas para determinar si se han visto afectadas por la radioactividad.

Desde Comisiones Obreras responsabilizan a Endesa de lo ocurrido, y señalan que es fruto de la “precariedad laboral” que sufren los trabajadores de la central. En este sentido denuncian que la central lleva a cabo una política de recorte de costes y cuenta con trabajadores operando en las instalaciones nucleares que "carecen de la información y experiencia adecuadas para ello".

Así mismo, sostienen que "la empresa tiene subcontratados la mayoría de los servicios de control y tratamiento de los residuos radiactivos" para ahorrarse gastos.