David Fernández

Durante los últimos meses el diario “Público” ha publicado varias informaciones sobre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que ponían en duda la legalidad de algunas de sus actividades. Un ejemplo es el artículo de Ana Tudela con fecha de 22 de octubre de 2007 y titulado “SGAE:la punta del iceberg de un entramado societario”. En él se denunciaba cómo a pesar de tener prohibido el ánimo de lucro, la SGAE “es propietaria de un completo conjunto de sociedades anónimas”.

Noticias como ésta no han gustado nada en la entidad, que en su demanda contra “Público” califica las informaciones del diario como “inveraces, sesgadas e insidiosas”. También hablan de comentarios “ofensivos” a cargo de los lectores del periódico en su edición digital, comentarios que cualquiera puede realizar tan sólo con clickear debajo de una noticia, si bien los administradores de la web pueden borrarlos.

Así, acusan al periódico de haber “concentrado parte de su actividad informativa” en la SGAE y publicado “un sinfín de noticias, comentarios y opiniones, casi siempre en un tono negativo, sesgado y lesivo para los intereses” de la organización “y con la clara intención de desacreditarla”.

Desde “Público” reconocen que desde su lanzamiento como periódico, en 2007, han sido “críticos con el canon digital”.

Socios de la SGAE denuncian irregularidades en la asociación

Mientras, varios autores socios de la SGAE han comparecido este martes en rueda de prensa en Madrid “para dar a conocer algunas irregularidades existentes en la gestión de la entidad”.

Los músicos Marcos Navarro, Luis Cobo, José Antonio Prieto y Antoliano Toldos, todos ellos autores socios de la SGAE denuncian la desaparición de más de 60 millones de euros (10.000 millones pesetas) procedentes de los fondos de pensiones de autores del Montepío de Autores de la Fundación de la SGAE.

También critican que “el 90 % de los socios no tienen voz ni voto en la gestión de la entidad, que tan sólo perciben ingresos una tercera parte de los socios y que únicamente los ingresos del 4% de los socios superan el salario mínimo interprofesional”.

Por último, aseguran que la SGAE, frente a la que tienen interpuestas varias actuaciones judiciales, “abre expedientes disciplinarios y sanciones económicas a los socios que mantienen posturas discrepantes con la dirección de la entidad”.