| Sociedad @ Gente @ Internet | Miércoles 08 de Septiembre de 2010 |
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| Amnistía Internacional denuncia la respuesta de Israel a los crimenes de Gaza
La última respuesta dada por Israel a la ONU en las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las presuntas violaciones del derecho internacional que las fuerzas israelíes perpetraron en Gaza hace un año es totalmente inadecuada. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. En la actualización presentada por Israel al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no se abordan de manera creíble cuestiones cruciales sobre la manera en que se llevaron a cabo ataques en los que cientos de civiles murieron y miles quedaron sin hogar. “Las investigaciones llevadas a cabo por Israel no cumplen las normas internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia, prontitud y efectividad”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “El ejército israelí se está investigando a sí mismo, y esta no es en absoluto la vía para obtener la verdad y garantizar la justicia a las víctimas.” La actualización –de 46 páginas– publicada el 29 de enero dice que Israel ha abierto investigaciones sobre 150 incidentes de presuntas violaciones de las leyes de la guerra cometidas por sus fuerzas durante la Operación “Plomo Fundido”, su ofensiva militar de 22 días de duración contra Gaza, que concluyó el 18 de enero de 2009. Unos 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron en el conflicto que tuvo lugar en Gaza y el sur de Israel. Los escasos datos hechos públicos señalan que las autoridades israelíes no están abordando de manera creíble graves motivos de preocupación en torno al uso que el ejército hizo del fósforo blanco en zonas densamente pobladas. Israel tampoco ha investigado adecuadamente los ataques contra instalaciones de la ONU y otros edificios e infraestructuras civiles, así como ataques directos contra civiles palestinos, incluidos equipos de emergencia médica en ambulancias. Estos incidentes fueron denunciados por la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y de medios de comunicación en el momento del conflicto. “Durante la Operación ‘Plomo Fundido’ se recibieron numerosas denuncias fidedignas según las cuales las violaciones del derecho internacional cometidas por fuerzas israelíes causaron la muerte a cientos de civiles, hicieron que otros fueran utilizados como ‘escudos humanos’ y destruyeron o dañaron miles de casas y otras infraestructuras civiles”, ha manifestado Malcolm Smart. “Sin embargo, más de un año después, según la actualización presentada por Israel, las investigaciones israelíes sólo han conducido a la condena de un soldado por un delito: el robo de una tarjeta de crédito.” Todas las investigaciones israelíes han sido realizadas por mandos del ejército o por investigadores de la policía militar, y supervisadas por el procurador general militar, lo que compromete seriamente su independencia e imparcialidad. La procuraduría general militar prestó a las fuerzas israelíes asesoramiento jurídico sobre sus tácticas y su elección de blancos durante la Operación “Plomo Fundido”. Las investigaciones militares excluyen asimismo la posibilidad de examinar las decisiones tomadas por autoridades civiles, también presuntamente responsables de violaciones graves. La actualización alega que no existe base para iniciar investigaciones criminales sobre unos incidentes de una gravedad tal que Amnistía Internacional considera que requieren investigaciones efectivas e independientes. Dichos incidentes incluyen ataques israelíes contra instalaciones de la ONU, contra bienes e infraestructura civiles y contra centros y personal médicos, y ataques en los que murió un gran número de civiles. Pese a la constante preocupación de Amnistía Internacional en torno al amplio uso hecho por Israel del fósforo blanco en Gaza, la actualización asegura que “no hay motivos para tomar medidas disciplinarias o de otro tipo respecto al uso de armas con contenido de fósforo por parte de la Fuerzas de Defensa de Israel”. Durante la Operación “Plomo Fundido”, las fuerzas israelíes lanzaron numerosos proyectiles que contenían fósforo blanco contra zonas residenciales, y causaron la muerte y lesiones de civiles. Otros ataques israelíes que causaron muertes y lesiones de civiles se desestiman como “errores operativos”, pese a que la actualización admite la existencia de “algunos casos” en los que soldados y oficiales israelíes “violaron las reglas de intervención”. El gobierno israelí no ha señalado que vaya a otorgar reparación, incluida indemnización económica, a los civiles palestinos que hayan sufrido daños a consecuencia de los “errores operativos”, y tampoco ha admitido que sus fuerzas hayan cometido violaciones del derecho internacional humanitario. Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional respecto a la Operación “Plomo Fundido” han hallado elementos de conducta imprudente, desprecio por las vidas y bienes civiles, y una negativa constante de las fuerzas israelíes a distinguir entre objetivos militares y personas y bienes de carácter civil. Durante toda la ofensiva militar, las fuerzas israelíes siguieron empleando tácticas y armas que causaron una cantidad cada vez mayor de bajas civiles, y ello pese a que las autoridades israelíes supieron desde los primeros días que la cifra de civiles muertos y heridos estaba siendo muy elevada. Amnistía Internacional llamó la atención de las autoridades israelíes respecto a una serie de incidentes, pero éstas no han respondido a las reiteradas peticiones de la organización para que se aclaren incidentes concretos. “En su informe, próximo a publicarse, sobre las investigaciones llevadas a cabo tanto por srael como por parte palestina, Ban Ki-moon debe incluir una valoración sustancial de si estas investigaciones han cumplido los criterios establecidos por la ONU y son independientes, fidedignas y conformes con las normas internacionales”, ha manifestado Malcolm Smart. “Hasta el momento, parece que ninguna de las partes puede o quiere llevar a cabo investigaciones que cumplan estas normas. Si esto no cambia, será la ONU quien deba garantizar que los responsables rinden cuentas y las víctimas reciben justicia y, para ello, el Consejo de Seguridad tendrá que examinar la posibilidad de remitir la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional, y la Asamblea General tendrá que tomar medidas para establecer un fondo para las víctimas que hayan muerto, hayan resultado heridas o hayan sufrido pérdidas o daños a causa de actos ilegales cometidos durante la guerra.”
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